La nueva línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), anunciada hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, servirá para avalar la refinanciación de la deuda de aquellos promotores y constructores que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler.

EFE Fuentes del Ministerio de Vivienda explicaron que la dotación inicial de 3.000 millones de euros que el ICO destinará a este propósito servirá para que los promotores incorporen al mercado del alquiler 25.000 viviendas que actualmente están en venta.

Con esta línea de mediación, que el Gobierno irá ampliando en función de la respuesta que obtenga, se pretende aumentar la oferta de inmuebles en alquiler y reducir el "stock" de vivienda que los promotores no consiguen vender como consecuencia de la paralización del mercado.

Las mismas fuentes negaron que esta iniciativa suponga el rescate de las inmobiliarias en dificultades o una intervención directa en el sector, ya que el ICO estudiará cada caso antes de avalar a una determinada empresa frente a sus bancos acreedores.

Según el Gobierno, el objetivo es que el promotor encuentre financiación a largo plazo para un activo que hoy no vende "en un momento en el que está obligado a devolver el préstamo bancario recibido, con lo que la ausencia de una refinanciación en su horizonte es la suspensión de pagos".

Además, "limitará el riesgo" de que las entidades financieras se enfrenten a un conjunto de suspensiones de pagos "con el consiguiente impacto negativo en sus balances", ya que por un lado reciben un porcentaje del préstamo por parte del ICO y por otro, aplazan créditos que podrían convertirse en morosos.

También con el objetivo de revitalizar el mercado del alquiler, y según anunció hoy Zapatero, el Gobierno está ultimando la normativa que regulará las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SCIMI), un proyecto en el que se estaba trabajando en la anterior legislatura.

Las SCIMI, que serán la versión española de los REIT (Real Estate Investment Trust), serán sociedades anónimas que gestionarán patrimonio inmobiliario destinado al alquiler y cotizarán en bolsa como los fondos de inversión, al tiempo que contarán con ventajas fiscales.

En concreto, estas sociedades estarán exentas de pagar el Impuesto de Sociedades y obligadas a repartir entre sus inversores el 90 por ciento del beneficios obtenido.

Desde Vivienda consideran que las SCIMI permitirán a las empresas inmobiliarias obtener liquidez, al tiempo que servirán para impulsar un mercado del alquiler más profesionalizado y poner a disposición de los pequeños inversores una forma de ahorro "muy transparente".

Asimismo, como medida adicional para dinamizar el sector inmobiliario, el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas están estudiando la posibilidad de eliminar en el próximo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2009-2012 la restricción de un año para que una vivienda nueva pueda ser considerada usada.

El pasado año el Gobierno ya modificó el plan todavía vigente para reducir de dos años a uno el mencionado plazo, de tal forma que las promotoras pueden convertir su "stock" no vendido en viviendas de precio concertado, cuya compra está subvencionada en el PEV.